No a la trata de personas. No a las leyes irrisorias.

Para combatir seriamente la trata de personas se necesita voluntad política.

Una ley que busca prevenir y proteger a las víctimas no puede tener penas de 3 a 6 años. Eso es una burla. Eso es amparar a los tratantes. La trata de personas viola los derechos humanos elementales y agrupa todas las violaciones en un sólo delito: es secuestro, es servidumbre, es esclavitud, es extracción y venta de órganos, es proxenetismo, es violación, es prostitución infantil, es trabajo esclavo, es privación ilegítima de la libertad, es desaparición. Aplicar penas mínimas y excarcelables mediante fianzas irrisorias es impunidad.

Para el sistema punitivo de la justicia argentina, un objeto material tiene más valor que una persona. Por robo se pueden recibir penas desde 3 años hasta reclusión perpetua en casos agravados, no siendo éstos excarcelables. Un caso de trata tiene como pena máxima 25 años con todos los agravantes imaginables, y es siempre excarcelable. Es decir, para el sistema punitivo un simple objeto vale más que Fernanda Aguirre, Marita Verón, Otoño Uriarte o Florencia Pennacchi, para mencionar sólo algunos casos de trata.

Trata es trata. Diferenciar a las víctimas entre mayores y menores de edad, como lo propone la ley, es legitimar la trata. Detrás de una supuesta protección especial para las personas menores de edad, se esconde la revictimización, la desprotección y el abandono de las mayores. Por lo mismo, estas víctimas no están en condiciones de probar el nivel de torturas y amenazas al que fueron sometidas. En un país en el que por año se hacen 500 denuncias de mujeres desaparecidas para ser prostituidas, ¿es necesario probar que las víctimas son víctimas, que medió el engaño, la violencia, el abuso de autoridad o de una situación de vulnerabilidad? ¿Qué persona puede “consentir” su propia esclavitud sino fuere por alguno de estos medios?